NOTA DE PRENSA

Miércoles 1 de noviembre de 2017

La actual epidemia de opiáceos que está azotando América del Norte requiere urgentemente de un marco legal equilibrado y responsable para gestionar la presencia de drogas en la sociedad.

Las autoridades inicialmente respondieron a la crisis limitando el suministro de opioides recetados por parte de los proveedores de atención médica. La evidencia muestra, sin embargo, que hoy día la mayoría de los casos de dependencia a los opioides están alimentados por el uso indebido de estas sustancias, más que por prescripciones legales escritas para pacientes que están siendo tratados por dolor.

Las personas que padecen adicción a los opioides se ven privados de su suministro y se encuentran sin sistemas de apoyo eficaces, como servicios de tratamiento o de reducción de daños. Como resultado, un número significativo de los que eran adictos a los opioides recurrieron al mercado ilegal y cambiaron a la heroína. Esto ha contribuido en gran medida al aumento exponencial de las muertes por sobredosis de drogas.

Sin embargo, existen medidas de reducción de daños y tratamiento para abordar esta epidemia de sobredosis, y éstas son bien conocidas. Existe amplia evidencia de su eficiencia basada en años de implementación en otros países que han diseñado políticas de control de drogas que están más centradas en los derechos y necesidades de las personas.

Estas medidas incluyen programas de agujas y jeringuillas, salas de inyección supervisada, la disponibilidad de medicación de reversión de la sobredosis de opioides como naloxona, el análisis de sustancias (‘drug checking’), terapia de sustitución de opioides y tratamiento asistido con heroína, así como servicios de reinserción social y profesional.

Sin embargo, lo que falta es la voluntad y el compromiso político para llevar a cabo los cambios requeridos en las políticas de drogas que permitan implementar, mejorar y ampliar estos servicios. Cambios que también eliminarían el estigma y la discriminación asociados a menudo con el consumo de drogas después de décadas de políticas prohibicionistas.

Solo la descriminalización del consumo de drogas y su posesión para uso personal va a permitir a las personas necesitadas de servicios de salud a acceder a ellos fácilmente y sin temor a la coacción legal o la exclusión social. En ausencia de reformas a nivel federal, las autoridades de las ciudades, condados o estatales / provinciales, que están más cerca de los más afectados por la epidemia, deberían considerar la descriminalización de facto a sus niveles.

Además, los servicios de tratamiento y las medidas de reducción de daños son aún más esenciales a la luz de la creciente presencia de fentanilo en la heroína que se vende en el mercado negro. El fentanilo es un opioide sintético altamente potente, que ahora es un importante contribuyente a las muertes por sobredosis relacionadas con las drogas.

Por estos motivos, la Comisión Global de Políticas de Drogas reitera la recomendación esbozada en su Informe de Posición sobre la Crisis de Opioides en Norteamérica publicado el 2 de octubre de “permitir y promover proyectos piloto de la regulación legal responsable de drogas actualmente ilegales incluyendo opioides, para reemplazar y eludir a las organizaciones criminales que manejan y se benefician del mercado negro actual”.