Por César Gaviria

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El expresidente César Gaviria dice que la administración Biden tiene una oportunidad histórica para reconocer el fracaso de esta guerra y dar un giro al timón del barco para avanzar hacia soluciones mucho más inteligentes y efectivas.

Las administraciones estadounidenses van y vienen, pero la estrategia represiva de Estados Unidos contra las drogas sigue sin variar. Desde que el presidente Richard Nixon declaró la “guerra contra las drogas” en 1971, el mundo ha tenido la esperanza, con cada nueva administración, de que haya un cambio en la política estadounidense sobre las drogas. ¿Abandonará al fin la administración del presidente Joe Biden el enfoque trillado y fracasado de sus predecesores?

En los cincuenta años transcurridos desde entonces, esa guerra casi nunca ha disuadido a los carteles de tráfico de drogas, que no han tenido reparos en recurrir a asesinatos y secuestros o en desafiar con violencia a las autoridades. Mientras tanto, los formuladores de políticas públicas han utilizado recursos y tácticas militares para combatir a las organizaciones criminales y han gastado miles de millones de dólares en represión y cárceles.

Pero todos esos esfuerzos han sido en vano porque la demanda de drogas ilegales se mantiene invariable y la oferta es adaptable. El consumo de drogas tiene que ver con las circunstancias o las elecciones personales de cada individuo, por lo que es ilusorio pensar que la demanda se pueda reducir mediante la coacción. En los últimos cincuenta años, ningún país ha logrado erradicar el mercado de drogas ilegales mediante la represión.

‘Colombia lo sabe’

Mi país, Colombia, conoce mejor que ningún otro el elevado precio de una respuesta militarizada a las drogas ilegales. Durante décadas, Estados Unidos promovió insistentemente políticas erradas que se basaban en la erradicación forzosa y la reducción de la demanda mediante la coacción en todo el hemisferio occidental. Y en muchos casos, el propio marco institucional de nuestros países vecinos se ha visto perturbado por la corrupción generalizada y los daños colaterales de la militarización de la seguridad civil.

Resulta preocupante que algunos países de África occidental (que son parte de una importante ruta mundial de tráfico de cocaína) y de la costa de África oriental (parte de una ruta de tráfico de heroína) están adoptando tácticas similares para el control de drogas. Estas regiones no deben repetir los errores que se han cometido en Occidente, donde las consecuencias de las decisiones estadounidenses en la materia incluyen la violencia descontrolada y la escasa importancia que se concede a la salud pública y al estado de derecho. A su vez, resulta asombroso que, de las 50 ciudades más violentas del mundo, 42 se encuentran en América Latina.

Colombia soportó durante décadas las múltiples facetas de la violencia, al tiempo que intentaba mejorar el nivel de vida de su población y establecer instituciones y formas de gobernanza democráticas. Partiendo de nuestra experiencia, el mundo debería comprender que, a diferencia de lo que se ve en las películas y las series de televisión, no existen héroes solitarios capaces de destruir a las organizaciones criminales transnacionales. La lucha contra la delincuencia organizada requiere voluntad política, esfuerzos orientados a fines específicos y, sobre todo, coordinación entre los países. La mano dura contra las drogas ilegales no impide que el suministro, el tráfico y la demanda sigan aumentando.

Una esperanza

Ante este telón de fondo, la nueva administración estadounidense llena de esperanza a muchos. En su plataforma de campaña, Biden y la vicepresidenta Kamala Harris prometieron que pondrían fin a la prohibición federal de la marihuana y que no encarcelarían a estadounidenses por el simple hecho de consumir drogas.

Pero Biden y Harris no han cuestionado los tribunales de drogas que se utilizan en Estados Unidos, que imponen medidas de rehabilitación y libertad condicional a los adictos a drogas ilegales. ¿Hay algún otro ámbito de la salud donde el tratamiento a aplicar lo determina un juez, en lugar de prescribirlo un médico?

Todos reconocemos los peligros que el consumo y el tráfico de drogas representan para nuestras sociedades. Pero a los consumidores de drogas se les deberían ofrecer programas voluntarios de reducción de daños y de tratamiento. Los consumidores problemáticos necesitan tener una relación de confianza con un médico, orientada a su curación, y no que un juez les dicte sentencia.

Por ese motivo tengo la firme esperanza de que el próximo director de la Oficina de la Casa Blanca de Política Nacional de Control de Drogas (es decir, el denominado “zar de la lucha antidrogas”), así como el secretario de Estado, Antony Blinken, y los líderes en el sector de la salud pública aprovechen la experiencia y las evidencias con que ahora contamos para promover políticas de tratamiento de la adicción que tengan en cuenta la naturaleza multifacética del problema. Resulta imperioso hallar un terreno común para la colaboración y hacer que los esfuerzos represivos de las autoridades centren su atención en las élites delictivas.

Ello significa, entre otras cosas, permitir que los países donde se producen las drogas ilegales determinen sus respuestas normativas. En particular, deberían tener la capacidad de centrar los esfuerzos de las autoridades en las élites criminales violentas, en lugar de erradicar los cultivos de los agricultores de subsistencia o arrestar a los consumidores marginados.

El Congreso estadounidense ha expresado puntos de vista similares a través de la Comisión de Drogas del Hemisferio Occidental. La política internacional de drogas debe reafirmar la importancia de la actividad represiva y la aplicación de instrumentos jurídicos vinculantes contra los jefes de grupos delictivos y los traficantes violentos, además de incorporar medidas más matizadas para ayudar a las poblaciones vulnerables, como los agricultores tradicionales y los consumidores adictos.

Educación y obras

Para que el control de drogas sea más pacífico y eficaz en función de los costos, se requiere un nuevo enfoque basado en la educación, los programas de prevención, la sustitución voluntaria de cultivos y el desarrollo de la infraestructura, así como la creación de alianzas con las comunidades afectadas. Ello también exige amplias medidas de tratamiento y reducción de daños ante el consumo problemático de drogas, así como la elaboración de talleres informativos para los consumidores ocasionales.

La administración de Biden ha dicho que se guiará por los principios científicos y la evidencia. Hasta ahora, ninguna administración estadounidense ha querido reconocer los claros indicios de que la guerra contra las drogas ha fracasado por completo y no ha logrado ninguno de sus objetivos. Si Biden reforma la política que seguirá Estados Unidos en materia de drogas durante los próximos cuatro años, el rumbo así trazado sería mucho más prometedor para todos.