Por Helen Clark, Olusegun Obasanjo y Ricardo Lagos

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Esta semana, hace cincuenta años, el presidente estadounidense Richard Nixon declaró que el abuso de las drogas era el “enemigo público número uno” y que se requería un enfoque “duro” contra este “crimen”, tanto en Estados Unidos como en el extranjero.

Pero la ‘guerra contra las drogas’, que se expandió en paralelo con la hegemonía política, militar, económica y cultural global de Estados Unidos en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ha logrado exactamente lo contrario de sus propios objetivos declarados. Hoy tenemos producción tanto a base de plantas como sintética, tráfico ilícito de estupefacientes a baja y alta escala, sentencias desproporcionadas, violencia y violaciones de derechos, y lavado de dinero y enriquecimiento del crimen organizado a niveles muy elevados: todo fortalecido, no debilitado, por las respuestas represivas a las drogas ilegales.

Una ‘política de Estado’

Desde 1971, todas las administraciones estadounidenses han reafirmado el enfoque de la guerra contra las drogas. Y esta elección se ha arraigado tanto cultural, social y políticamente en nuestras sociedades que los líderes políticos se sienten obligados a no cambiarla. Bajo el presidente demócrata Barack Obama, una política asertiva conocida como la Iniciativa Inteligente sobre el Crimen del Fiscal General intentó abordar las penas de prisión federal desproporcionadamente duras e ineficaces por delitos de drogas, pero sin cuestionar los defectos profundamente arraigados de la guerra contra las drogas, con lo cual esta iniciativa terminó simplemente modificando las tasas de encarcelamiento.

En 2018, la administración del presidente Donald Trump buscó reactivar la guerra contra las drogas organizando un llamado a la ‘acción global’ en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta exhibición diplomática, que duró 15 minutos, puso de relieve el fin del consenso sobre la prohibición, pues varios países, entre ellos Alemania y Nueva Zelanda, se negaron a respaldarlo.

Hasta ahora, entre las autoridades estadounidenses ha habido escaso apoyo a los programas de reducción de daños, que no solo salvan vidas, sino que son rentables: programas que se preocupan por reducir los costos sanitarios y económicos del consumo problemático de drogas.

Al proporcionar una aguja limpia a una persona que se inyecta drogas, la política pública acepta que esa persona se involucrará en una actividad ilegal, pero también, que la mayor prioridad es garantizar que la persona no muera por una sobredosis, se infecte o transmita enfermedades como el VIH o hepatitis, o recurra a delitos menores para comprar drogas y la parafernalia que esta requiere.

Pues bien, los programas y servicios de reducción de daños son ahora más necesarios que nunca. Unos 81.000 estadounidenses murieron por sobredosis de drogas en el año que finalizó en mayo de 2020, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, debido, esencialmente, a un número récord de sobredosis de opioides (especialmente por fentanilo).

Afortunadamente, este número de muertos parece haber despertado a las autoridades estadounidenses. En este 2021, la administración del presidente Joe Biden dio a conocer una iniciativa de política de drogas sorprendentemente audaz que enfatiza en la expansión del tratamiento y la reducción de los daños. Y al comprometerse con un enfoque de salud pública basado en la evidencia, Biden está señalando que las estrategias de represión y castigo han fracasado.

El énfasis de la administración Biden en los “esfuerzos de reducción de daños basados en la evidencia” es un cambio radical del enfoque en la guerra contra las drogas. Estos esfuerzos abarcan una serie de servicios de salud eficaces y respaldados por la evidencia, como la distribución de medicamentos para revertir los efectos de las sobredosis de opioides y de equipos de inyección estériles, complementados con pruebas de VIH y hepatitis C. En una medida sin precedentes, el Gobierno de EE. UU. invertirá 30 millones de dólares en servicios de reducción de daños como parte del American Rescue Plan.

Ciudades pioneras

Estos nuevos enfoques y políticas también están alineados con una serie de esfuerzos a nivel estatal y municipal para abordar la crisis por sobredosis. En los últimos años, ciudades tan diversas como Filadelfia, Ithaca, Seattle, Santa Fe y Atlanta han estado explorando una política más equilibrada entre la represión y el apoyo a los consumidores de drogas ilícitas, similar a la estrategia de drogas de cuatro pilares en Vancouver (Canadá), que a su vez se inspiró en las políticas europeas locales y nacionales.

Pero ahora que la administración Biden está cambiando la política de drogas para mejor, es de esperar que Estados Unidos defienda también ese cambio a nivel internacional. En la última década, la financiación nacional e internacional de estos servicios se ha contraído, cubriendo hoy apenas el 5 por ciento de la necesidad global estimada en esta materia.

Se debe prestar más atención a las experiencias de países como Suiza, que invirtió masivamente en la reducción de daños y redujo tanto el tamaño de su población que se inyecta drogas como la tasa de transmisión del VIH.

Lamentablemente, los países donde los servicios de reducción de daños son limitados o están prohibidos de plano son los líderes e impulsores de la propagación mundial de la hepatitis, la tuberculosis y el VIH. Así como Estados Unidos es uno de los mayores contribuyentes mundiales al tratamiento y la prevención del VIH/sida, Estados Unidos ahora debe ayudar a alejar al mundo de las estrategias represivas fallidas en materia de drogas.

Las dos cuestiones están estrechamente relacionadas. Estados Unidos ha invertido 85.000 millones de dólares en la respuesta mundial al VIH/sida desde 2003, salvando muchos millones de vidas. Pero la política de drogas también debe cambiar si queremos eliminar el VIH como una amenaza para la salud pública mundial. Mientras las personas que consumen drogas participen en modos peligrosos de consumo, como compartir agujas repetidamente porque no tienen acceso a servicios de reducción de daños, o porque no quieren usar estos servicios por temor a sanciones legales, el VIH y otras enfermedades seguirán acechando a nuestras sociedades.

Estados Unidos llevó al mundo a la guerra contra las drogas, y ahora Estados Unidos debe ayudarnos a salir de ella. La guerra contra las drogas no reduce ni puede reducir los daños. Y por el contrario, alimenta consecuencias muy negativas y está desactualizada frente a los nuevos desafíos y amenazas.

El mercado de las drogas ilegales se está adaptando rápidamente al siglo XXI y a la cuarta revolución industrial. La producción de drogas de origen vegetal compite cada vez más con la producción de drogas sintéticas de gran potencia, que además se elaboran cada vez más cerca de sus consumidores.

El mercado ilegal se está alejando lentamente de nuestras calles y penetrando cada vez más en dominios criptográficos vinculados directamente a nuestros hogares. Cincuenta años de fracaso son suficientes. Es el momento de que Estados Unidos conduzca al mundo hacia una política de drogas centrada en las personas y basada en la evidencia.