No se debe olvidar a las víctimas de la guerra contra las drogas

Por Mohamed ElBaradei, Ruth Dreifuss, Elhadj As Sy

Leer el análisis completo en ElTiempo.com

Los productores han sido cocaleros que se han visto atrapados en una guerra.

Pocas veces ha habido en la historia moderna algún país que pueda compararse con Colombia en cuanto al grado de violencia que ha experimentado, las pérdidas que ha sufrido en su propio territorio o la resiliencia que ha mostrado para hacer frente a sus desafíos. Colombia ha padecido guerras internas, asesinatos, homicidios y secuestros, así como desplazamientos causados por la violencia y las guerras por el control territorial. Las principales víctimas han sido las poblaciones civiles. Lo que es peor, aunque los conflictos han alcanzado una magnitud regional y han involucrado a intereses extranjeros, sus protagonistas han sido los propios hijos de Colombia. El sufrimiento, las injusticias y las arbitrariedades de años de conflicto han afectado de forma indiscriminada a todas las partes.

Hoy, las medidas de justicia transicional previstas en el Acuerdo de Paz de 2016, a través de la Comisión de la Verdad, representan a los ojos del mundo el espacio designado que permitirá que todas las víctimas de la guerra contra las drogas sean escuchadas. El correspondiente informe, que se publicará este año, es un elemento clave de los próximos pasos para alcanzar una paz duradera.

El mundo observa con atención la labor que realiza la Comisión de la Verdad para abordar la realidad de cómo las políticas de drogas represivas han contribuido a la violencia, los conflictos y las numerosas violaciones de los derechos humanos. No hay duda de que el tráfico de drogas ha sido uno de los factores que han echado más leña al fuego de los conflictos en Colombia y que, durante muchas décadas, ha contribuido al financiamiento directo u oportunista de los grupos armados. Sin embargo, al mismo tiempo, la represión ciega de esas mismas situaciones de producción y tráfico ha menoscabado el control de drogas, pues ha contribuido a que las ganancias y el poder queden en manos de los delincuentes. Dicha represión se ha centrado en los cocaleros tradicionales, los consumidores y los traficantes a pequeña escala, sin que los encargados de hacer cumplir las leyes de drogas tengan que rendir claras cuentas de sus acciones.

Conocer la verdad es un paso decisivo para lograr la reconciliación y la equidad entre los colombianos. Pero esa meta es imposible si no se rompen todos los tabúes. No resultará fácil abordar más de un siglo de conflictos (profundamente agravados en los últimos cincuenta años por la guerra contra las drogas que se ha librado en territorio colombiano, liderada por potencias extranjeras) sin hablar de lo inmencionable y sin exponer los defectos de todas las partes involucradas.

Si se quiere buscar la verdad o la reconciliación, no se puede ignorar el impacto de la militarización de la respuesta contra el tráfico y la producción de drogas, cuando los productores han sido cocaleros que se han visto atrapados en una guerra. De lo contrario se dejaría de tener en cuenta a toda una parte de la sociedad colombiana que, si bien es un segmento estadísticamente pequeño y marginado desde el punto de vista geográfico, está compuesto por personas que han perdido su bienestar a causa de la guerra contra las drogas.