Un paso audaz y necesario

Por César Gaviria y Juan Manuel Santos

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México tiene una oportunidad histórica para resarcir algunos de los daños de la prohibición de las drogas a través de la regulación legal del cannabis. Colombia, como México, ha sufrido las consecuencias devastadoras de implementar una estrategia de mano dura, de guerra, visibilizada por múltiples violaciones a derechos humanos como la desaparición, homicidios, extorsión, secuestro y feminicidios. Las reformas a las políticas de drogas son parte de las iniciativas para poner la salud pública, el desarrollo y la protección de los derechos humanos en el centro de la solución de este flagelo. La regulación legal de los mercados, como hemos señalado en varios de nuestros informes desde la Comisión Global de Políticas de Drogas, forma parte de esta transformación tan necesaria como urgente para nuestros países.

Como ex jefes de Estado de Colombia hemos apoyado y ejecutado todos, todos los esfuerzos posibles para reducir la oferta de drogas ilegales. Utilizamos todas las estategias recomendadas y herramientas posibles contra el narcotráfico. Pero después de décadas de aprendizaje, estudio y reflexión, y con un costo enorme en vidas y en dinero, estamos en las mismas y ahora sabemos que la única solución es un cambio de paradigma. Como la Suprema Corte de Justicia mexicana declaró inconstitucional la prohibición del autocultivo de cannabis para uso personal, aduciendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad, ahora México está a punto dar un paso fundamental en el proceso legislativo.

La propuesta de regulación integral de cannabis aprobada por el Senado mexicano en noviembre de 2020 tiene muchos elementos de justicia social: la garantía de tres vías de acceso (cooperativas, autocultivo, dispensarios); el reconocimiento de semillas mexicanas tradicionales; y un 40% de las licencias de cultivo destinadas para las comunidades más afectadas por la prohibición.

Con el fin de reducir las detenciones por delitos menores relacionados con cannabis, liberar recursos del estado para atender delitos de alto impacto, descongestionar el sistema penal, disminuir la enorme corrupción, quitarle el dinero a las mafias o reducir el abuso por parte de las autoridades, una descriminalización efectiva es crucial. Para que la regulación funcione y se cumpla con la ley, las disposiciones deben ser coherentes y consistentes. Es necesario, por ejemplo, eliminar por completo el delito de posesión para uso personal, sin fines de venta. No se puede considerar a los consumidores como delincuentes cuando el mercado se regule.

Se puede y se debe reforzar las medidas afirmativas para comunidades cultivadoras y el sector social. Hay muchas lecciones de los mercados legales de cannabis y México puede competir en esos mercados aun con fuertes medidas de reparación y creando beneficios para comunidades afectadas.  Este compromiso se puede complementar con más licencias de cultivo para las comunidades afectadas y con permitir exclusivamente la integración vertical (el otorgamiento de varios tipos de licencias) para comunidades campesinas.

México será otro ejemplo para el mundo al volverse el tercer país en regular este mercado, después de Uruguay y Canadá, además de 15 estados en los Estados Unidos. Y será muy vanguardista al crear una ley que se adapta a su contexto, reconoce el dolor del pasado y traza un nuevo camino -mucho más conveniente y efectivo- para afrontar un flagelo que el mundo no ha podido eliminar en más de 50 años de lucha. Aplaudimos los pasos tomados por la sociedad mexicana y alentamos a todas las partes involucradas en la política de drogas a continuar con este proceso tan importante, no sólo para México, sino para el planeta entero.