Commissioners Banda, Cattaui, Clark and Dreifuss in El Espectador: “Revelan impacto discriminatorio de políticas represivas de drogas en mujeres y sus familias”

Para Joyce Banda, ex presidenta de Malawi; Maria Cattaui, ex secretaria-General de la Cámara Internacional de Comercio; Helen Clark, ex primera ministra de Nueva Zelandia; y Ruth Dreifuss, ex presidenta de Suiza; miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas in El Espectador.

Se reconoce ampliamente ahora que cinco décadas de políticas represivas contra las drogas han contribuido a una explosión mundial de las tasas de encarcelamiento. Pero será  menos conocido que esta tendencia ha afectado a las mujeres de forma aún más dura. Las estadísticas son alarmantes. Mientras que el número de hombres encarcelados ha aumentado un 20% en los últimos 15 años, más o menos en línea con el crecimiento de la población, el número de mujeres en las cárceles ha aumentado en un 50%.

En los Estados Unidos, la tasa de encarcelamiento de los hombres se ha cuadruplicado en los últimos 30 años, mientras que para las mujeres esa tasa se ha multiplicado por ocho. De hecho, la población penitenciaria femenina ha aumentado proporcionalmente más que la masculina en todos los continentes, y gran parte de ello se debe predominantemente a delitos no violentos relacionados con las drogas. En Argentina por ejemplo, la mayoría de los presos femeninos extranjeros son “mulas” de droga..

Las mujeres que participan en el tráfico ilícito de drogas a menudo provienen de antecedentes pobres. Éstas han recibido poca educación y tienen pocas oportunidades en la economía legal para proveer a sus familias de lo más básico. Su trabajo en los mercados de drogas suele ser de bajo nivel, pero de alto riesgo: el comercio a pequeña escala, el transporte de drogas o la retención de drogas para los distribuidores. Por lo tanto, las mujeres son más fáciles de arrestar. Sin embargo, debido a la naturaleza de bajo nivel de su trabajo, estas mujeres son prescindibles y fácilmente reemplazadas. Su encarcelamiento no tiene ningún propósito pero causa gran daño a sus familias.

Más de la mitad de las mujeres en las cárceles son madres y suelen ser jefas de hogares. Su encarcelamiento tiene efectos devastadores sobre sus hijos. Debido a que las cárceles de mujeres son normalmente pocas y muy esparcidas, los niños son, muy a menudo, incapaces de visitar a sus madres. En América Latina, solo el 5% de los niños cuyos madre esta encarcelada siguen en su propio hogar. Los otros se quedan con la familia extendida,  en albergues infantiles o sin hogar. Cuando una madre es liberada de la prisión, a menudo es excluida de cualquier servicio de apoyo y con pocos medios para recuperar la custodia de sus hijos..

Incluso la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un órgano de tratados de la Organización de Naciones Unidas generalmente conocida por sus posiciones conservadoras, ha instado en su último informe a considerar alternativas al encarcelamiento de mujeres. Es hora de admitir el hecho flagrante: las políticas vigentes sobre drogas han demostrado ser discriminatorias para las mujeres, y desgarrado las familias pobres aumentando su marginalización.

Del mismo modo, mientras las sociedades consideren a las madres que usan drogas o trabajan en el narcotráfico como mujeres “caídas” incompetentes de criar a sus hijos, seguiremos incapaces de ver personas que con ayuda podrían encontrar el equilibrio en sus vidas y proporcionar un hogar amoroso para sus niños. El uso de drogas por sí solo no es evidencia de negligencia o daño infantil. Así como una madre no pierde la custodia de su hijo por beber moderadamente, tenemos que considerar cada situación individualmente, teniendo en cuenta tanto como sea posible los derechos y necesidades de la familia y los niños. Y tenemos que dejar de separar familias causando más daño que el que las políticas inicialmente trataban de abordar.