Después de la UNGASS 2016: el fin de la criminalización de las drogas es el único camino

Mientras siga existiendo un mercado negro billionario; mientras los usuarios y los actores a menor escala en el mercado sean criminalizados y encarcelados; y mientras que el crimen organizado tenga acceso a este atractivo flujo de ingresos, el control de la droga continuará causando estragos en nuestras sociedades.
por Presidentes Ricardo Lagos, Olusegun Obasanjo y Ruth Dreifuss

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El 2016 ha sido un año fundamental para la política de drogas a nivel global. La evaluación de más cincuenta años de un régimen prohibicionista ha resultado en reformas en países tan diversos como Jamaica, Canadá y México. Los estados de Colorado, Washington y otros en los Estados Unidos han regulado sus mercados de cannabis para uso personal y se votará en varios otros estados, incluyendo California, en noviembre de este año. La opinión pública está cambiando para apoyar nuevos enfoques sobre el tema de drogas. En abril, la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS por sus siglas en inglés) sobre drogas demostró claramente que los consensos basados en la prohibición de las drogas y enfoques punitivos que llevan décadas, han fracasado. Desafortunadamente, en vez de proponer soluciones innovadoras, el documento de resultados de la UNGASS continúa manteniendo estrategias prohibicionistas.

Los enfoques efectivos, demostrados y basados en evidencia sobre políticas de drogas deben estar en el centro de la perspectiva actual. Los preparativos para la UNGASS sobre drogas movilizaron a los países, a la sociedad civil y a las agencias de la ONU para demostrar su compromiso y proponer soluciones creativas e innovadoras. Hoy existe una necesidad urgente de mantener este compromiso y transformar el interés sin precedentes en la política de drogas hacia una acción concreta conducida por un rango variado de las partes interesadas.

El tráfico de drogas y el mercado negro son, hasta cierto punto, una consecuencia directa del sistema internacional del control de la droga. La prohibición y el objetivo de tener sociedades libres de drogas han causado lo que las Naciones Unidas llama las “consecuencias negativas no intencionales”. Estas incluyen grandes ganancias de un mercado criminal que vale 320 billones de dólares, que alimenta la violencia, la corrupción y las inestabilidades. El prohibicionismo, enfocado en el cumplimiento y endurecimiento de las leyes ha causado daños irreparables a numerosas comunidades alrededor del mundo, y no podemos quedarnos como simples espectadores.

De acuerdo con el estudio de 2013 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC por sus siglas en inglés), el 83% de las delitos totales relacionados con drogas a nivel global son por simple posesión de drogas, aunque la criminalización obstruye medidas de prevención, reducción del riesgo, acceso a servicios de salud y aumenta las epidemias de VIH y hepatitis C. Treinta y tres países aún aplican la pena de muerte por ofensas relacionadas con drogas. Trece incluso contemplan la pena de muerte de forma obligatoria por arrestos relacionados con drogas. Esta situación es inaguantable: las sentencias obligatorias privan a los jueces de su discreción y minan el principio de proporcionalidad, dos elementos que son la base de los sistemas judiciales independientes y democráticos.

Algunos países han optado por tomar “el camino menos transitado”, implementando políticas que están centradas en las personas, que reconocen los derechos humanos de los usuarios de drogas, buscan incrementar la seguridad de todos los ciudadanos y reducir los daños tanto del abuso de la droga como de las mismas políticas. Numerosos países europeos han implementado programas de reducción de daños exhaustivos que incluyen el intercambio de jeringas y terapias de sustitución. Portugal y la República Checa han reemplazado sus sanciones punitivas con medidas sociales. Jamaica recientemente aprobó una ley que descriminaliza a todos los usos de cannabis, mientras que Uruguay ha allanado el camino en la reforma a políticas de drogas cuando en 2013 adoptó una legislación integral regulando la producción, distribución y consumo de cannabis para uso médico y personal.

El monitoreo y evaluación del modelo uruguayo tomará algunos años; sin embargo ya hay evidencia para demostrar que países con un enfoque punitivo no son más propensos a evitar el uso de drogas que los que imponen sanciones menos punitivas. Al contrario, un informe de 2010 por la Corporación Rand sobre Holanda, (país que tiene un mercado de cannabis semirregulado durante los últimos 10 años), demostró que la prevalencia del uso de cannabis entre los ciudadanos holandeses es más baja que en los países vecinos como Francia, España o Alemania. Adicionalmente, el modelo de los llamados ‘coffeshops’ no ha incrementado el uso de otras drogas como anfetaminas o cocaína, particularmente en comparación con otros países de Europa Occidental, desenmascarando cualquier teoría de cannabis como la droga de entrada.

Las políticas de drogas basadas en evidencia, incluyendo la regulación de los mercados de drogas, son el camino a seguir. Porque mientras siga existiendo un mercado negro billionario; mientras los usuarios y los actores a menor escala en el mercado sean criminalizados y encarcelados; y mientras que el crimen organizado tenga acceso a este atractivo flujo de ingresos, el control de la droga continuará causando estragos en nuestras sociedades. Algunos podrían responder que la regulación es una “bala de plata” quimérica y una solución simplista; nosotros argumentaríamos que la estrategia más simplista es continuar sin reflejar las fallas de las décadas de la guerra contra las drogas. El día de hoy, es tiempo de reconocer que mientras fallemos en abordar a las drogas correctamente —respetando los derechos humanos y concentrando nuestros esfuerzos en el crimen organizado— el abuso de la droga y el tráfico ilícito jamás serán vencidos.

Olusegun Obasanjo, Ricardo Lagos, Ruth Dreifuss – Los ex Presidentes de Nigeria, Chile y Suiza ; miembros de la Comisión Global de Políticas de Drogas.

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